Hay que tener en cuenta que la morosidad constituye un incumplimiento contractual que ocasiona onerosas cargas administrativas y financieras a las empresas, especialmente a las pymes, las cuales deben soportar plazos de pago excesivos que les obligan a mantener de forma permanente importantes saldos de clientes en sus balances. Esta “sobre-inversión” en activos circulantes que deben hacer las pymes provocada por el aumento de las partidas de cuentas por cobrar, implica unos incrementos de las necesidades operativas de fondos que son generalmente sufragados con financiación bancaria a corto plazo. Consecuentemente los costes financieros que tienen las pymes aumentan debido a los plazos de pago excesivamente prolongados.
Hay que destacar que una de cada tres quiebras en España se debe al retraso en poder cobrar las empresas sus facturas. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una situación de insolvencia es la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones provocada por una alta morosidad de sus clientes o por los retrasos en los pagos de las administraciones públicas.
La elevada mortandad de las pymes españolas está en gran parte provocada por la morosidad y los plazos de cobro tan largos y que es un auténtico cáncer para las empresas de tamaño reducido; y cuanto más pequeña sea la empresa más problemas le causa la morosidad. Así pues las estadísticas verifican que cuanto más pequeña es la empresa, mayores dificultades tiene para consolidarse. Hay que hacer notar que las pymes (empresas con menos de 250 trabajadores) representan casi el 99,9 por ciento del tejido empresarial español
Así pues, las patronales achacan a los problemas de cobro de las ventas a crédito, uno de los principales motivos de la alta desaparición de pymes que se da en España, y que es más elevada que la existente en el resto de Europa. Así pues las estadísticas revelan que el 50 por ciento de las pymes creadas en España, desaparece después de los primeros 5 años de existencia; y una vez transcurridos los primeros 6 años desde su constitución sólo permanecen en funcionamiento el 35 por ciento de las empresas. Hay que tener en cuenta que el 20 por ciento de las empresas de nueva creación mueren antes de cumplir el primer año de vida. Asimismo los dos primeros años de existencia son muy duros para las pymes, puesto que el 35 por ciento de las empresas desaparecen durante este período. Además el promedio de vida del 90 por ciento de las pymes españolas es de diez años.
Con respecto a las microempresas la escabechina es terrible, puesto que el 50 por ciento de estas empresas no llega a cumplir ni siquiera su primer año de vida. Y respecto a los empresarios individuales, menos del 45 por ciento de las empresas sin asalariados que se crean en España permanece en activo después de los 4 primeros años de vida. Así pues el motivo del cierre prematuro que padecen muchas pequeñas empresas tienen mucho que ver con los pagos aplazados para las calendas griegas que practican las empresas más grandes y que constituye un auténtico cáncer para las empresas de reducido tamaño.
Asimismo los estudios realizados han revelado que casi el 50% de las facturas emitidas en España se cobran con retraso respecto al vencimiento teórico, por lo que los clientes no cumplen con los plazos de pago concedidos por los vendedores.
Al propio tiempo ha quedado confirmado con las recientes encuestas de Fomento del Trabajo que la demora en el cobro es uno de los problemas típicos de las empresas españolas. Y según los resultados de esta misma encuesta, del conjunto de empresas que sufren problemas económico-financieros derivados por el incumplimiento de las obligaciones de pago de sus clientes, el 83% padecen problemas de tesorería por culpa de la morosidad de los clientes. Respecto al aplazamiento de pago concedido habitualmente a los compradores, la encuesta de Fomento del Trabajo también reveló que el 91,30% de las operaciones comerciales se cobran a más de 30 días y el 63,30% a más de 60 días. Estos plazos son muy dilatados ya que las instituciones europeas y la Directiva 2000/35/CE pretenden que el plazo de pago habitual en los Estados de la UE sea de un mes, y sólo excepcionalmente puede alcanzar los 60 días.
Asimismo el vicio de la morosidad es otro de los agravios comparativos a los que deben enfrentarse las empresas españolas, puesto que en cuestiones de defensa de sus derechos de crédito se encuentran en inferioridad de condiciones si se compara la situación imperante en España con la del resto de los países europeos. La consecuencia es que las empresas españolas cargan con unos costes financieros superiores que afectan gravemente a su competitividad.
Un fenómeno habitual que puede producirse es el denominado “efecto dominó de quebrantos en cadena” que tiene su inicio cuando un cliente importante no paga sus débitos a una empresa proveedora. Esta empresa al quedarse sin liquidez no puede hacer frente a sus obligaciones –puesto que el volumen de la deuda es muy superior a sus posibilidades de obtener recursos monetarios a corto– y se ve obligada como mecanismo de defensa a dejar de pagar a sus propios proveedores, los que a su vez se encuentran con problemas de tesorería para hacer frente a sus pagos. De esta forma los quebrantos que se van produciendo generan más percances, de la misma forma como se tumban las unas a las otras las fichas del dominó situadas en hileras.
Otro fenómeno de la morosidad es la “espiral de morosidad” que se produce cuando una empresa suministradora pequeña no consigue cobrar a tiempo de un cliente más grande –puesto que éste de manera unilateral retrasa el pago de las facturas– y para sobrevivir se ve obligada a su vez a aplazar sus pagos a sus propios acreedores, los que a su vez deben retrasar los pagos a sus proveedores. Esto tiene como resultado una degradación general de los hábitos de pago y la creación de un nefasto círculo vicioso, al ir repercutiendo las empresas las unas en las otras el retraso en el cobro e ir apareciendo unos plazos de pago cada vez más largos. Al final del proceso el retraso en el pago es intolerable para los proveedores más pequeños que se encuentran en la punta del circuito.
Por Pere J. Brachfield, Morosólogo y Profesor de la Escuela de Administración de Empresas EAE.
Hay que destacar que una de cada tres quiebras en España se debe al retraso en poder cobrar las empresas sus facturas. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una situación de insolvencia es la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones provocada por una alta morosidad de sus clientes o por los retrasos en los pagos de las administraciones públicas.
La elevada mortandad de las pymes españolas está en gran parte provocada por la morosidad y los plazos de cobro tan largos y que es un auténtico cáncer para las empresas de tamaño reducido; y cuanto más pequeña sea la empresa más problemas le causa la morosidad. Así pues las estadísticas verifican que cuanto más pequeña es la empresa, mayores dificultades tiene para consolidarse. Hay que hacer notar que las pymes (empresas con menos de 250 trabajadores) representan casi el 99,9 por ciento del tejido empresarial español
Así pues, las patronales achacan a los problemas de cobro de las ventas a crédito, uno de los principales motivos de la alta desaparición de pymes que se da en España, y que es más elevada que la existente en el resto de Europa. Así pues las estadísticas revelan que el 50 por ciento de las pymes creadas en España, desaparece después de los primeros 5 años de existencia; y una vez transcurridos los primeros 6 años desde su constitución sólo permanecen en funcionamiento el 35 por ciento de las empresas. Hay que tener en cuenta que el 20 por ciento de las empresas de nueva creación mueren antes de cumplir el primer año de vida. Asimismo los dos primeros años de existencia son muy duros para las pymes, puesto que el 35 por ciento de las empresas desaparecen durante este período. Además el promedio de vida del 90 por ciento de las pymes españolas es de diez años.
Con respecto a las microempresas la escabechina es terrible, puesto que el 50 por ciento de estas empresas no llega a cumplir ni siquiera su primer año de vida. Y respecto a los empresarios individuales, menos del 45 por ciento de las empresas sin asalariados que se crean en España permanece en activo después de los 4 primeros años de vida. Así pues el motivo del cierre prematuro que padecen muchas pequeñas empresas tienen mucho que ver con los pagos aplazados para las calendas griegas que practican las empresas más grandes y que constituye un auténtico cáncer para las empresas de reducido tamaño.
Asimismo los estudios realizados han revelado que casi el 50% de las facturas emitidas en España se cobran con retraso respecto al vencimiento teórico, por lo que los clientes no cumplen con los plazos de pago concedidos por los vendedores.
Al propio tiempo ha quedado confirmado con las recientes encuestas de Fomento del Trabajo que la demora en el cobro es uno de los problemas típicos de las empresas españolas. Y según los resultados de esta misma encuesta, del conjunto de empresas que sufren problemas económico-financieros derivados por el incumplimiento de las obligaciones de pago de sus clientes, el 83% padecen problemas de tesorería por culpa de la morosidad de los clientes. Respecto al aplazamiento de pago concedido habitualmente a los compradores, la encuesta de Fomento del Trabajo también reveló que el 91,30% de las operaciones comerciales se cobran a más de 30 días y el 63,30% a más de 60 días. Estos plazos son muy dilatados ya que las instituciones europeas y la Directiva 2000/35/CE pretenden que el plazo de pago habitual en los Estados de la UE sea de un mes, y sólo excepcionalmente puede alcanzar los 60 días.
Asimismo el vicio de la morosidad es otro de los agravios comparativos a los que deben enfrentarse las empresas españolas, puesto que en cuestiones de defensa de sus derechos de crédito se encuentran en inferioridad de condiciones si se compara la situación imperante en España con la del resto de los países europeos. La consecuencia es que las empresas españolas cargan con unos costes financieros superiores que afectan gravemente a su competitividad.
Un fenómeno habitual que puede producirse es el denominado “efecto dominó de quebrantos en cadena” que tiene su inicio cuando un cliente importante no paga sus débitos a una empresa proveedora. Esta empresa al quedarse sin liquidez no puede hacer frente a sus obligaciones –puesto que el volumen de la deuda es muy superior a sus posibilidades de obtener recursos monetarios a corto– y se ve obligada como mecanismo de defensa a dejar de pagar a sus propios proveedores, los que a su vez se encuentran con problemas de tesorería para hacer frente a sus pagos. De esta forma los quebrantos que se van produciendo generan más percances, de la misma forma como se tumban las unas a las otras las fichas del dominó situadas en hileras.
Otro fenómeno de la morosidad es la “espiral de morosidad” que se produce cuando una empresa suministradora pequeña no consigue cobrar a tiempo de un cliente más grande –puesto que éste de manera unilateral retrasa el pago de las facturas– y para sobrevivir se ve obligada a su vez a aplazar sus pagos a sus propios acreedores, los que a su vez deben retrasar los pagos a sus proveedores. Esto tiene como resultado una degradación general de los hábitos de pago y la creación de un nefasto círculo vicioso, al ir repercutiendo las empresas las unas en las otras el retraso en el cobro e ir apareciendo unos plazos de pago cada vez más largos. Al final del proceso el retraso en el pago es intolerable para los proveedores más pequeños que se encuentran en la punta del circuito.
Por Pere J. Brachfield, Morosólogo y Profesor de la Escuela de Administración de Empresas EAE.
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