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Vendredi 28 Mars 2008

AUSBANC PIDE QUE NO SE DEMORE EL PAGO A LOS INVERSORES AFECTADOS POR EL CASO GESCARTERA

La sentencia conocida hoy es correcta, lógica y refuerza el sentido de justicia


Los delitos a los que han sido condenados los acusados son los mismos que Ausbanc solicitó en su escrito de conclusiones

Los Tribunales han demostrado que están preparados para hacer frente a escándalos financieros de la magnitud del de Gescartera

Una vez hecho público el fallo de Gescartera, Ausbanc Consumo se felicita por el funcionamiento de la Justicia, aunque desde algunos sectores se critique a este órgano de falta de capacidad y excesiva complejidad para atender una importante crisis de consumo como la citada, que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que alcanzó los 52 millones de euros. Con respecto a la sentencia hay que resaltar el éxito de la calificación jurídica de Ausbanc, ya que los delitos a los que han sido condenados los acusados son los mismos que los Servicios Jurídicos solicitaron en su escrito de conclusiones definitivas.

Esta Asociación, como defensora de un importante número de afectados, exige que se restablezca lo más pronto posible el estado de derecho de las personas perjudicadas por este escándalo financiero, con el fin de que una demora en el pago no incremente aún más los daños y perjuicios ya ocasionados. Ausbanc considera que una sentencia que no se ejecute rápidamente no es una sentencia justa. Es necesario recalcar que los afectados/asociados de Ausbanc personados en el procedimiento han visto reconocidos sus importes invertidos según señala la sentencia, por lo que no tendrán que esperar a la ejecución de la misma para el reconocimiento de sus derechos.

El fallo de Gescartera es correcto, lógico y refuerza el sentido de que en este país hay justicia, y que se protege el derecho de las víctimas. Esa sensación choca con los juicios paralelos llevados a cabo por algunos medios de comunicación y asociaciones de consumidores como Adicae, condenada en varias ocasiones, la última a devolver las subvenciones cobradas para la defensa jurídica de los afectados de Fórum y Afinsa, y que no beneficia a los verdaderos perjudicados por esta crisis. Finalmente, ha quedado demostrado que este juicio paralelo, que carecía de valor jurídico, no ha tenido ningún éxito ni utilidad para las víctimas.

El periódico El País publicó el 17 de septiembre de 2007, día de inicio de la vista pública, que "la acusación de la Asociación de Usuarios Adicae ha insistido en que se debería imputar también a responsables de la CNMV, como la ex presidenta Pilar Valiente o el vicepresidente Luis Ramallo, y al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, petición a la que se han sumado la mayor parte de las acusaciones particulares", menos Ausbanc, que no estuvo de acuerdo con esta estrategia jurídica. En relación a la postura de Adicae hay que señalar que incluso en el auto que resolvía cuestiones previas -de 21 de septiembre de 2007- la Sala señaló que la pretensión mantenida por Adicae no podía dirigirse contra personas que no hubieran adquirido previamente la condición judicial de imputado puesto que de otro modo se producirían acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura de juicios. Con el fin de garantizar el máximo derecho de defensa, ya había concluido el momento para exigir responsabilidades contra acusados no imputados.

De esta manera, se demuestra que la línea editorial de algunas publicaciones y la postura de algunas asociaciones como Adicae ha quedado desacreditada por la falta de independencia y lo extemporáneo de sus pretensiones.

Por otra parte, y con respecto a la Responsabilidad Civil Subsidiaria, la Sala no ha albergado dudas, y tal y como pidió Ausbanc, ha condenado a Caja Madrid Bolsa ya que, según recoge la sentencia, “la despatrimonialización de Gescartera Dinero S.A. no se hubiera producido de igual forma a la que tuvo lugar durante el último periodo de su existencia si Caja Madrid Bolsa hubiera actuado en cumplimiento de la normativa vigente y hubiera exigido a Gescartera Dinero S.A. la observancia de dicha normativa, defensora de los derechos de los inversionistas y, en general, del correcto funcionamiento del Mercado de Valores”.

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