Mercredi 12 Novembre 2008

AUSBANC APLAUDE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA ALIVIAR LAS CARGAS HIPOTECARIAS DE LOS PARADOS CON OBLIGACIONES FAMILIARES

El Sistema Financiero Español debe soportar y colaborar con medidas de este tipo que son una justa contraprestación a las ayudas recibidas y, además, suponen una mejora de sus cuentas de resultados al disminuir la mora


Una banca fuerte es el argumento básico para que España este situado en los debates económicos e ideológicos que van a preparar el inmediato futuro del Sistema Financiero Mundial
Las medidas adoptadas por el gobierno, que serán aprobadas el próximo viernes en el Consejo de Ministros, son CORRECTAS, CONVENIENTES Y OPORTUNAS ya que suponen un alivio para quienes han perdido su empleo, tienen cargas familiares y están pagando una hipoteca. A partir del 1 de enero del 2009, los que se encuentren en esta situación podrán acogerse a una moratoria de dos años que les permitirá disminuir su cuota hipotecaria en un 50% hasta un máximo de 500 euros mensuales, siempre y cuando el importe total de la hipoteca no supere los 170.000 euros. A esta medida también podrán acogerse los autónomos que cierren su negocio o que vean reducidos sus beneficios en tres veces el Indice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como los pensionistas con cargas familiares. La cantidad diferida se pagará a partir de enero del 2011 y podrá se objeto de prorrateo hasta 10 años. Ausbanc trabaja para que estas medidas, que apoya decididamente, no sean las únicas y las últimas adoptadas en este sentido.
El importe hipotecario fijado está por encima de la media del conjunto del país y afecta aproximadamente a medio millón de familias. Si a este préstamo de 170.000 euros le aplicamos un tipo relativamente alto del 6% a 30 años nos va a dar una cuota de casi 900 euros mensuales. Esto supone que la cantidad diferida en los dos años de moratoria alcanzará los 10.800 euros que prorrateados a diez años nos lleva a un incremento de 90 euros que subirá la cuota mensual a pagar a partir de 2011 a 990 euros.
Un gobierno social y democrático, en un Estado de Derecho – como el que instaura NUESTRA CONSTITUCIÓN - no puede dejar de adoptar medidas de alivio y sustento a las familias que han asumido el coste de la modernización y financiación del Estado, por medio de la compra de viviendas que han generado innumerables pagos a las distintas administraciones públicas (central, autonómica y local), por lo que las decisiones tomadas no pueden calificarse ni de oportunistas, ni de incorrectas; todo lo contrario, son adecuadas y necesarias.
El Sistema Financiero Español puede y debe soportar y, aún más, aplaudir medidas de estas características, principalmente por dos motivos. Primero, porque es una justa prestación equilibradora de las medidas de apoyo otorgadas por el gobierno al propio Sistema Financiero, acordando una inyección de 50 mil millones de euros para compra de activos y otros 100 mil millones en avales para operaciones financieras en el mercado interbancario. Segundo, porque estas medidas van a disminuir radicalmente la morosidad que es el mayor perjuicio posible a las cuentas de resultados de las entidades crediticias, toda vez que detrás de cada parado/a, responsable principal de la economía familiar, hay una posible hipoteca impagada.
Un Sistema Financiero fuerte, con buenos resultados económicos, de calidad moral y social, sostenible, y confiable es el argumento básico para que nuestro país este situado en los debates económicos e ideológicos que van a preparar el inmediato futuro.
Por tanto, Ausbanc aplaude definitivamente las medidas acordadas por el gobierno al ser convenientes, rigurosas y necesarias. Espera que no sean las últimas, toda vez que estas aún no compensan, ni se acercan en cuantía y profundidad a las recibidas por la propia banca. Y sólo lamenta que en su presentación, el presidente del gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, no hubiese estado acompañado de Dª Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que preside D. Bernat Soria, dando así cumplimiento cabal al ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN que establece que los poderes públicos apoyarán a los consumidores y potenciarán a las organizaciones que los representan.

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